El crecimiento español, hoy en crisis, se ha estructurado, en primer lugar, sobre un sector inmobiliario basado en la especulación y en el deterioro medioambiental; en segundo lugar, por el funcionamiento del sector financiero a través de las hipotecas generando sobreprecios muy importantes. Mientras la vivienda subía en esta etapa un 18% anual, los salarios no pasaban en general del 3%.
Junto con ello, inciden otra serie de factores: en general, los beneficios empresariales españoles están muy por encima de la media de los países de la OCDE: la media en éstos ha sido (1995-2005) del 33%, mientras los beneficios privados españoles han alcanzado el 73%. Estos beneficios se han asentado sobre un especial marco social y laboral. Los salarios salen muy perjudicados, siendo el único país de la OCDE donde se da un retroceso notable. La precariedad triplica la media europea. La explotación de la inmigración, con un fuerte montante de no legalizados, es fuerte. El salario mínimo es, aproximadamente, la mitad de la media de los países europeos donde existe. La siniestralidad laboral supera con mucho los porcentajes de la zona euro. Y no es que la situación en la Unión Europea, país a país, esté mucho mejor o tienda a mejorar, al contrario. Lo que ocurre es que se van reduciendo progresivamente derechos laborales y sociales conquistados, por el empuje neoliberal no contrarrestado por el sindicalismo y por la izquierda.
El Gobierno de Zapatero ha girado con más nitidez a la derecha en este inicio de legislatura. Desde su propia composición, hasta las medidas de eliminación y rebaja de impuestos a la elite económica de nuestro país, pasando por el incremento de las tarifas eléctricas los privilegios de los grandes consumidores, la senda elegida en el plano económico es la que más se distancia con las necesidades reales de la ciudadanía. Se apunta en una dirección equivocada, que intenta relanzar el mismo modelo incentivando el consumo y los beneficios fiscales, sin atender a un cambio de modelo productivo que supere las graves injusticias sociales y laborales, así como la quiebra medioambiental. Siguen sin aportarse fondos a las políticas de dependencia, para las que no se incentivan redes públicas. Hay una verdadera ofensiva contra los impuestos, una fuerte tendencia a la privatización de los servicios públicos, para que el estado subvencione a bancos e inmobiliarias, a flexibilizar aún más el mercado de trabajo, despidiendo sin aviso previo, como pide la patronal.
Para nosotros es fundamental combatir el bipartidismo en lo que significa no solo en cuanto a reducción del pluralismo y marginación de ideologías y propuestas sino, sobre todo, en lo que representa de construcción de un sistema político estructuralmente subordinado a la lógica de los poderes dominantes y separado de cualquier idea de emancipación social. Sistemas así facilitan el control político de los poderes dominantes y refuerzan el carácter de democracias meramente electorales de nuestros sistemas políticos, donde periódicamente los consumidores políticos son llamados a votar entre dos opciones que comparten lo esencial del modelo económico.
Es necesaria una salida democrática a la crisis donde sea posible la intervención pública de la economía, impidiendo que continúe el proceso de privatizaciones y revirtiéndolo, con un amplio sector público que permita una planificación democrática para abordar las prioridades económicas y sociales de la mayoría en el marco de un desarrollo sostenible. Lo urgente es comprometer un incremento de la inversión productiva y un mayor gasto social, garantizando un desarrollo inminente de la financiación necesaria en el ámbito local y autonómico, con objetivos de déficit público razonable que garanticen los recursos hoy necesarios para hacer frente a la crisis que ya cada día se cobra nuevas pérdidas de empleo.
1 Respuesta a “ESPAÑA: FIN DEL MODELO DE CRECIMIENTO. BIPARTIDISMO Y DÉFICIT DEMOCRÁTICO.”